El Boletín Oficial del Estado número 314, de 30 de diciembre de 2004 publica la

LEY 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Esta Ley tiene como objeto incorporar al derecho interno la Directiva

2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000,

cuyo objetivo general es fomentar una mayor transparencia en la

determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales, y

también su cumplimiento.

El alcance de esta directiva, así como le Ley que la traspone a nuestro

ordenamiento jurídico, está limitado a los pagos efectuados como

contraprestación en operaciones comerciales entre empresas y entre éstas y

el sector público (Quedando excluidos los pagos efectuados en las operaciones

comerciales en las que intervengan consumidores; los intereses relacionados

con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los

pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades

aseguradoras; las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados

contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial).

Las medidas sustantivas contra la morosidad que esta Ley regula consisten en

establecer, con carácter general, un plazo de exigibilidad de intereses de

demora, determinar su devengo automático, señalar el tipo de interés de

demora y otorgar al acreedor el derecho a reclamar al deudor una

indemnización razonable por los costes de cobro. Asimismo, añade la

posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio a los efectos de que el

vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total de la deuda.

A continuación, se incluye un resumen de cada una de estas medidas.

Determinación del plazo de pago

El plazo de pago, a falta de pacto entre las partes, será el siguiente:

30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o

una solicitud de pago equivalente.

Si la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente se

presta a duda, treinta días después de la fecha de recepción de las

mercancías o prestación de los servicios.

Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes

que los bienes o servicios, treinta días después de la entrega de los

bienes o de la prestación de los servicios.

Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de

aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la

conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato

y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o

en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, treinta

días después de esta última fecha.

Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora

El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran

simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.

b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor

pueda probar que no es responsable del retraso.

El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del

contrato y, en defecto de pacto, el que resulte de sumar al tipo aplicado por el

Banco Central Europeo siete puntos porcentuales. Dicho tipo de interés a

aplicar se publicará en el Boletín Oficial del Estado de forma semestral por

el Ministerio de Economía y Hacienda.

Indemnización por costes de cobro

El acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos

los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la

mora de éste. Dicha indemnización no podrá superar, en ningún caso el 15%

de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los

30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el

importe de la deuda de que se trate.

Cláusulas abusivas

Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes (así como las de las

Condiciones Generales de Contratación realizadas por algunas Asociaciones

y/o Federaciones sectoriales diferentes de las nuestras) sobre la fecha de pago

o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al

tipo legal de interés de demora que establece esta Ley y que hemos

mencionado anteriormente.

Recordemos que las Normas y condiciones generales de contratación,

distribución y venta, reconocidas como usos de Comercio en la Industria

Gráfica Española, y sus Afines las de Manipulados de Papel y del Cartón

(FEIGRAF, 1979) fijaron como plazo de pago en el caso de que no se hubiera

fijado entre las partes los mismos 30 días que ahora fija esta Ley.

Asimismo, esta Federación y/o sus asociaciones miembros, conforme a esta

nueva Ley, están legitimadas para realizar acciones de cesación (obtener una

sentencia que condene al demando a eliminar de sus condiciones generales las

que vayan en contra de esta Ley y de nuestras Condiciones Generales de

Contratación, así como a que se abstenga de utilizarlas en lo sucesivo) y de

retractación (para obtener una sentencia que declare e imponga al demandado

el deber de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar

cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas, así como que se

abstenga de recomendarlas en un futuro) en defensa de los intereses de sus

asociados.

Cláusula de reserva de dominio

Esta Ley establece que el vendedor conservará la propiedad de los bienes hasta

el pago total del precio por parte de comprador, siempre que se haya

convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre ambos

antes de la entrega de los bienes. Asimismo, el vendedor o el tercero que haya

financiado la operación podrá retener la documentación acreditativa de la

titularidad de los bienes sobre los que se haya pactado la reserva de dominio.

Entrada en vigor:

Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad

al 8 de agosto de 2002, incluido el tipo de interés de demora anteriormente

explicado. No obstante, en cuanto a la nulidad de las “cláusulas abusivas”

pactadas, la presente Ley será aplicable a los contratos celebrados con

posterioridad a su entrada en vigor, 31 de diciembre de 2004.